Comunidades nativas en alerta por pretendida declaratoria de intangibilidad absoluta de reservas

No solo las empresas de hidrocarburos se ven amenazadas, también las comunidades nativas de Loreto y Ucayali y de otras regiones del país temen por los efectos que tendrá sobre sus actividades económicas y la titularidad de sus tierras, la propuesta aprobada por la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República que busca declarar de “intangibilidad absoluta y permanente”, las reservas indígenas, así como cualquier otra área propuesta como tal.

La contingencia surge porque, las actuales reservas indígenas y las propuestas, se superponen a proyectos de hidrocarburos en etapa de exploración y explotación, entre ellos el de Camisea, de donde proviene el 40% de la producción energética del país, así como a comunidades nativas asentadas desde hace decenas de años en los territorios que hoy ocupan.

El objetivo de la propuesta es proteger de la pandemia del COVID-19 a los Pueblos Indígenas en Aislamiento o en Contacto Inicial (PIACI), lo cual se propone hacer aislando completamente y de manera permanente, cerca de siete millones de hectáreas del territorio nacional. Esto obviamente no impedirá que las actividades ilegales que se desarrollan en la zona continúen y tengan el camino libre para crecer.

Testimonios

“Toda mi vida he estado en Urbina. Caminamos semanas en el monte y nunca hemos visto ni oído de los no contactados. No hay evidencia, no sé de dónde sacan y la verdad me molesta porque quieren proteger a fantasmas que no existen y perjudicar a los que vivimos aquí, anulando nuestro derecho de explotación de los recursos naturales y desarrollo”, dice el ‘apu’ de Urbina, Henry García, quien vive en la comunidad con sus padres, esposa y su hijo de 15 años, a quien prometió estudios universitarios.

Es un territorio rico en recursos naturales y de eso viven sus habitantes, que se dedican a la caza de animales como el sajino, majás, venado, trompeteros y otras aves, así como a la pesca y al aprovechamiento de productos madereros.

Para llegar a este alejado lugar, se debe viajar ocho días en lancha desde la ciudad de Iquitos y está a cuatro horas de la frontera con Ecuador. Urbina, Flor de Coco, Buena Vista, Shapajal y Bolívar son comunidades nativas sobre las cuales se ha propuesto crear una nueva reserva, pese a que no existen estudios sólidos sobre la existencia de PIACI en estas áreas.

La presencia del Estado es escasa, pero ellos han podido salir adelante con sus actividades económicas que les han permitido acceder a internet, electricidad, agua, construir un colegio y una posta médica, donde ellos mismos pagan el servicio de un técnico de enfermería. El Estado, subraya, solo se hace presente con los maestros y alimentos del programa escolar Qali Warma.

Henry García cuenta que, si se declara la intangibilidad absoluta y permanente de esta zona, solo van a poder utilizar los recursos para consumirlos, pero no para comercializarlos. “Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a sus nuestros hijos, educarlos? ¿De dónde vamos a sacar para comprar ropa?”, se pregunta junto a un grupo de comuneros, a través de una videollamada. Todos portaban pancartas rechazando la iniciativa.

A lo dicho por García se suma la Apu de Flor de Coco, Pilar Cabrera, quien afirma que “esto es un abuso y un atropello. Requerimos ser escuchados y que no se vulneren nuestros derechos. Nosotros afirmamos no haber visto a los PIACI, la gente que trabaja en la caza, en la pesca, en el monte, donde se internan de 10 a 20 días, no tiene rastro de ellos. Quién más que nosotros que conocemos la zona… Nadie nos preguntó” y además advierte”

Las comunidades están ubicadas en zonas alejadas en diferentes regiones, los habitantes de Loreto y de Ucayali, por ejemplo, no se conocen y son de diferentes etnias, pero coinciden en que esta ley que se pretende aprobar, se viene haciendo a espaldas suyas, sin tomarlos en consideración y poniendo en riesgo su desarrollo económico y social.

Fuente: Correo